En 1990 el problema del calentamiento global tenía unos responsables claros, los países desarrollados eran el origen del 75% de las emisiones; y un objetivo también claro, estabilizar las emisiones mundiales a finales del siglo XXI, afectando lo menos posible al crecimiento económico. Fruto de está visión es la Convención Marco de Naciones Unidas:
1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán…
2. Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes incluidas en el Anexo I (países desarrollados y en desarrollo) se comprometen específicamente a lo que se estipula a continuación:
a) Cada una de esas Partes adoptará políticas nacionales y tomará las medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Esas políticas y medidas demostrarán que los países desarrollados están tomando la iniciativa en lo que respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones antropógenas de manera acorde con el objetivo de la presente Convención, reconociendo que el regreso antes de fines del decenio actual a los niveles anteriores de emisiones antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal contribuiría a tal modificación, y tomando en cuenta las diferencias de puntos de partida y enfoques, estructuras económicas y bases de recursos de esas Partes, la necesidad de mantener un crecimiento económico fuerte y sostenible, las tecnologías disponibles y otras circunstancias individuales, así como la necesidad de que cada una de esas Partes contribuya de manera equitativa y apropiada a la acción mundial para el logro de ese objetivo.
Las propuestas del IPPC se centraban en:
• Sustitución del carbón por gas natural y energías renovables.
• Consecución de una energía nuclear segura para inicios del siglo XXI
• Control de la deforestación y limitación de las emisiones de origen agrícola y ganadero
• Aumento del rendimiento energético mediante mejoras tecnológicas
A pesar de esta situación tan favorable, hasta 1997 no se aprobó el Protocolo de Kyoto, la herramienta para poner en marcha la Convención durante el periodo 2008-2012. Para su entrada en vigor era necesaria su ratificación por al menos 55 países que representaran más del 55% de las emisiones. EEUU que lo había firmado bajo el mandato de Clinton, se negó a ratificarlo en 2001 bajo la presidencia de G. Bush. Sin embargo, y de forma inesperada, el protocolo entró en vigor en 2004 tras la ratificación por Rusia, uno de los mayores productores de carbón, gas y petróleo, a cambio del apoyo de la UE para su entrada en la Organización Mundial de Comercio.