Análisis sobre la Cumbre del Clima de Lima
Puede parecer que tras 20 años de cumbres climáticas estamos en el mismo punto de partida. Todavía no se ha conseguido reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial mientras la presión sobre los gobiernos para que alcancen un acuerdo es cada vez mayor desde todos los ámbitos: científico, económico y social. Esta presión es ya tan intensa que se hace necesario escenificar que se ha realizado algún avance, y el límite de esta olla a presión está puesto en Paris 2015.
Desde el ámbito científico, el último informe del Panel del Cambio Climático define con precisión el campo de juego: para evitar un calentamiento por encima de los 2ºC, no debemos exceder los 2.900 gigatones de CO2 en emisiones. En 2011, se alcanzó ya la cifra de los 1.890 GtCO2. Teniendo en cuenta que emitimos casi 50 GtCO2 al año, el denominado “presupuesto de CO2” restante lo consumiremos en menos de 20 años. El epicentro de las cumbres es el reparto de este presupuesto.
Pero según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, de seguir en la situación actual las emisiones de CO2 se incrementarán un 20% en 2040, situándonos en el camino de un ascenso de las temperaturas de 3.6ºC.
Pese a todo ello, los países del G20 responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero acuden a Lima con compromisos absolutamente insuficientes. ¿Por qué?
Detrás de estas posiciones están los intereses económicos de las grandes empresas multinacionales, que los estados defienden bajo el concepto de seguridad energética. Las medidas necesarias pasan por no utilizar el 70% de las reservas probadas de combustibles fósiles, unas reservas que ya forman parte de los balances de las principales multinacionales y fondos de inversión. La solución se encomienda a sistemas tecnológicos de captación de CO2, como el almacén de gas CASTOR, desarrollados por esas mismas multinacionales responsables de las emisiones.
Estos posicionamientos llevan a que la Cumbre del Clima de Lima, que tiene como objetivo declarado establecer un entorno de confianza entre las naciones, se esté desarrollando en un ambiente bien distinto.
Los países de la OPEP acaban de iniciar guerra comercial con EEUU para frenar sus exportaciones de hidrocarburos no convencionales, obtenidos mediante la utilización del fracking. Para ello, han aumentado la producción de petróleo, provocando la caída de su precio en los mercados y, en su empeño, ya han arrastrado a países como Rusia o Venezuela a la recesión económica. China ha aprovechado esta situación y el enfrentamiento de Rusia con la UE por Ucrania, para llegar a un acuerdo de importación de ingentes cantidades de gas, mientras Europa busca alternativas a un invierno con la amenaza de importantes reducciones en las importaciones de gas ruso.
Por otra parte, en la reunión preparatoria de la cumbre celebrada en Junio, el G77 y China, cansados de continuos incumplimientos en los compromisos establecidos, concretaron su posición exigiendo, para sentarse a hablar sobre acuerdos post-2020, el compromiso de una reducción de emisiones mínima de un 40% para 2020 sobre los niveles de 1990 y el cumplimiento de las compromisos de aportaciones al fondo verde para el clima, que en 2014 debería ascender a 40.000 millones.
Desde las organizaciones sociales defendemos que existe una alternativa económicamente viable, justa con los países en desarrollo y respetuosa con el medio ambiente y que pasa por:
– Dejar de quemar carbón y gas para la producción de electricidad, sustituyéndolos por las energías renovables. Se sigue invirtiendo lo mismo en ayudas públicas para la exploración de nuevos yacimientos de combustibles fósiles que en el Fondo Verde para el Clima.
– Dejar de quemar petróleo, especialmente biocombustibles para el transporte, lo que se sigue fomentando con ayudas públicas. Se necesita un cambio del actual modelo del transporte basado en el vehículo privado.
– Evitar la deforestación y degradación de los bosques.
– Una agricultura ecológica, libre de contaminantes, que asegure el medio de vida de millones de pequeños agricultores.
– Establecer mecanismos para la transferencia de las tecnologías limpias a los países en desarrollo, permitiendo hasta entonces su desarrollo mediante el consumo del presupuesto de CO2 (África necesitaría casi 1000 años para consumirlo).
– Un consumo responsable que reduzca nuestras emisiones personales.
Árticulo de Manuel Sabaté para el Diario Público
Área de Políticas Energéticas de la Asociación por el Medio Ambiente (AMA)